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Hemeroteca — 03 marzo 2012

Las teleras (calcinaciones al aire libre del mineral pobre del cobre impuestas en España por el Marqués de Remisa décadas atrás) eran utilizadas en la zona desde principios de siglo pero con la llegada de los ingleses su uso aumentó considerablemente por lo que se cree que eran lanzados al aire en torno a 500 toneladas anuales. El hecho tenía cierta resonancia nacional, y en la provincia la población se dividió entre «humistas» que defendían su utilización como símbolo de progreso y «antihumistas» que las criticaban por su elevadísima capacidad contaminante (de hecho, los humos procedentes de las teleras inundaban toda la comarca y en ocasiones eran visibles en la sierra de Sevilla e incluso Ayamonte y Portugal). Por lo tanto, desde 1877, se formularon las primeras quejas respecto a este asunto al Gobierno de Cánovas del Castillo. Fruto de ello fue la publicación de la Resolución 22/7/1879 que si bien imponía pequeñas indemnizaciones a los daños causados a los cultivos de la zona no planteaban problema alguno sobre la salubridad humana; es decir, en cierta medida «legalizaba» el uso de las calcinaciones pese a la existencia de varios fallecimientos de trabajadores de la zona por su causa (fallecimientos que los médicos de la Compañía «achacaban» a enfermedades congénitas de los trabajadores y no externas —falta de vida según sus propios informes— y, por supuesto, no producto de las minas).

Fotografía de Antonio Romero, que proximamente expondrá en Camas

Los ayuntamientos, por su parte, intentaron prohibir estos procedimientos. Pero el gobierno, influenciado por la Compañía y periódicos conservadores como La Provincia (que había realizado casi una cruzada a favor de la minería) derogaban sistemáticamente toda ley municipal contraria a las teleras.
 
Tal era el grado de descontento con la situación, que terratenientes y jornaleros, que veían como sus cultivos y medios tradicionales de vida se iban perdiendo contaminados sin remisión, se unieron a las protestas laborales y «medioambientales» de los mineros. Así, el día 31 de enero de ese 1888, una manifestación encabezada por el sindicalista cubano Maximiliano Tornet llega hasta el ayuntamiento de la localidad para entregar una serie de reivindicaciones, entre las que se exige la desaparición de las calcinaciones al aire libre. No sería hasta el 29 de diciembre de ese mismo año cuando el Gobierno decretara que este tipo de calcinación (ya prohibido en Gran Bretaña desde siete años antes) fuese reducido.

A partir del 2 de febrero se inicia una huelga en la Cuenca Minera que provoca que el Gobernador Civil acantone en Huelva a dos compañías del Regimiento del General Pavía comandadas por el teniente coronel Ulpiano Sánchez. Al día siguiente, pese a los intentos de mediación de la Guardia Civil, se producen conatos violentos, el Ayuntamiento y el gerente de la Compañía William Rich no aceptan ninguna de las condiciones y probablemente alertan a la capital para que trasladen a Riotinto a las compañías del ejército.
 
El 4 de febrero por la mañana se produce una nueva manifestación con llegada de gentes de la cercana localidad de Nerva y zonas limítrofes e incluso una delegación sube al Ayuntamiento para exponer sus reclamaciones. La plaza de la Constitución de la localidad está llena de trabajadores, mujeres y niños y se estima que había más de doce mil personas de toda la comarca. Al salir del edificio las fuerzas de Pavía cargan durante quince minutos a tiros y bayonetas contra los manifestantes produciendo un número de víctimas mortales y de heridos no conocido oficialmente (que oscila entre 14 y 45 en la prensa y según fuese el medio conservador o liberal y que hoy se estima mucho más amplia).14 El destino de los cuerpos de los fallecidos sigue siendo una incógnita aunque se piensa que fueron sepultados bajo escoria en alguna mina de la comarca. La tragedia, que causó conmoción nacional e incluso internacional, puede considerarse como una de las primeras manifestaciones ecologistas. Pese a todo, las teleras no fueron prohibidas en España hasta años después, pues a pesar de que ese mismo año se promulgó un Decreto Real del ministro José Luis Albareda15 que instaba a su desaparición, no fue hasta el año 1907 cuando desapareció ese método de calcinación, siendo sustituido por la construcción de pequeñas fundiciones.

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