Las ponentes han sido:

Sandra Bedoya Ortega

Orientadora jurídica de la Asociación APROLIDER

Y Ketty María Pérez coordinadora de la Asociación APROLIDER sede Umbrete.

Esta tarde, en la Casa del Pueblo de Camas, se celebró una conferencia centrada en uno de los debates más manipulados del panorama político actual: la regularización de personas migrantes que ya viven en España, trabajan y aportan, pero permanecen atrapadas en la irregularidad administrativa.

El acto se desarrolló en un ambiente sereno pero firme, con un mensaje claro: la regularización no es un “efecto llamada”, ni un premio a la delincuencia, sino una respuesta necesaria a una realidad social y laboral que ya existe.

La realidad: la mayoría no llega en patera, llega en avión

Uno de los puntos más repetidos durante la intervención fue la necesidad de desmontar el imaginario que ciertos discursos han instalado en parte de la población: que la inmigración se reduce a quienes “saltan la valla” o llegan “en cayuco”.

La conferencia recordó que la inmensa mayoría de personas migrantes que hoy están en situación irregular no entraron de manera clandestina, sino por vías completamente legales: entraron en avión, con visado, y una vez caducado, por falta de alternativas reales, quedaron en un limbo administrativo.

La irregularidad, por tanto, no siempre es una “decisión”, sino una consecuencia: España necesita mano de obra, pero al mismo tiempo bloquea vías rápidas y realistas para regularizarla.

Bulos sobre ayudas: “paguitas” que no existen

Otro eje del encuentro fue el desmentido de uno de los mantras más repetidos por la derecha y la ultraderecha: el de las supuestas “paguitas” que recibirían los migrantes por el simple hecho de estar aquí.

Los ponentes explicaron que una persona en situación irregular no puede acceder con normalidad a ayudas públicas, y que en la práctica la mayoría sobrevive gracias a trabajos precarios, economía sumergida o redes familiares. La idea de que “viven del Estado” se desmonta con una evidencia básica: sin papeles, no hay derechos plenos.

Y aun en el caso de lograr regularizarse, se recordó que eso no significa vivir de subvenciones: significa cotizar, tributar y trabajar con contrato, como cualquier ciudadano.

No pueden votar: desmontando la mentira electoral

Durante el acto se abordó también uno de los argumentos más repetidos por figuras como Feijóo, Ayuso o Abascal: la insinuación de que se busca regularizar para “crear votantes”.

La conferencia fue tajante: una regularización administrativa no concede nacionalidad, ni derecho a voto en elecciones generales.

Se subrayó además que ni siquiera en municipales pueden votar, salvo en casos muy concretos de ciudadanos de países con convenios de reciprocidad, algo que no tiene nada que ver con una regularización masiva.

En definitiva, el relato de que “se regulariza para comprar votos” fue definido como lo que es: una estrategia de agitación política basada en el miedo, no en los hechos.

Impacto económico: regularizar es ordenar, no regalar

Uno de los puntos más importantes de la jornada fue el análisis económico. Regularizar no es un gesto simbólico: es una medida de orden público y laboral.

Los asistentes escucharon datos y razonamientos claros: cuando una persona trabaja sin papeles, el Estado pierde cotizaciones, pierde impuestos, y se crea un mercado laboral paralelo donde prospera el abuso.

La regularización, en cambio, implica:

contratos legales

cotización a la Seguridad Social

recaudación fiscal

consumo normalizado

estabilidad laboral

Y lo más relevante: reduce la explotación.

Porque si algo quedó claro en la conferencia, es que el problema no es el migrante, sino el sistema que permite que existan trabajadores invisibles, sin derechos, fácilmente chantajeables y con miedo constante a denunciar abusos.

Empresarios también protegidos: menos fraude y menos sanciones

Se trató además un aspecto pocas veces mencionado en el debate público: la regularización también beneficia al tejido empresarial.

En muchos sectores —agricultura, hostelería, cuidados, construcción— hay empleadores que dependen de mano de obra que ya está aquí. Sin embargo, contratar irregularmente expone a las empresas a multas cuantiosas y problemas legales graves.

La regularización permite que esas relaciones laborales se conviertan en lo que deberían ser desde el principio: empleo legal, con garantías para ambas partes.

La conclusión: derechos y orden frente al odio

La conferencia cerró con un mensaje que resume el espíritu del acto: regularizar no es abrir fronteras, es reconocer una realidad existente y gestionarla con justicia e inteligencia.

Frente al discurso del miedo, la Casa del Pueblo defendió que España no puede permitirse sostener una economía en la sombra ni alimentar una guerra cultural basada en falsedades.

Porque cuando se regulariza, no se está “regalando” nada:

se está poniendo nombre, contrato y derechos a miles de personas que ya viven aquí, ya trabajan aquí y ya sostienen parte del país.

Y sobre todo, se está desmontando el gran negocio político de la ultraderecha: convertir a un colectivo vulnerable en el enemigo perfecto para tapar los problemas reales.

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