J.M. Romero

El fundador de Megaupload, Kim Dotcom, se ha declarado inocente ante el tribunal neozelandés de los actuales cargos que se le imputan de piratería en Internet, blanqueo de dinero y conspiración. En su defensa, ha considerado que se está malinterpretando la función de esta página web, ya que a diferencia de lo que sostiene el FBI, no es más que una zona para “intercambiar archivos”. De todas formas, el citado tribunal le ha denegado la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza, decisión que también ha afectado a otros tres responsables de la compañía. Mientras tanto, miles de usuarios anónimos y empresas están viviendo momentos de intenso nerviosismo por la sencilla razón de que algunos de sus ficheros privados se encuentran ahora en manos del FBI.

El pasado jueves 19 de enero, el Federal Bureau of Investigation (FBI) llevó a cabo una operación en colaboración con otras organizaciones de seguridad internacionales para clausurar la página Web Megaupload y detener a sus principales responsables. La operación se ha saldado, por el momento, con la detención de siete miembros de la compañía, de los cuales, cuatro se encuentran en prisión -Kim Dotcom, Finn Batato, Mathias Ortmann y Bram Van der Zolk-. Megaupload se había convertido en el mejor servicio de descargas directas en la red, recibía más de cincuenta millones de visitas diarias y en ella residía el 4% del tráfico en Internet.

Tras la difusión de la noticia, se inició una batalla en la red con el fin de reivindicar la libertad de los usuarios. Desde entonces, numerosas páginas tanto de organismos oficiales como de empresas multinacionales han recibido continuos ataques de los hackers. Las más sonadas han sido las del Departamento de Justicia de EEUU, FBI (se han publicado datos personales de algunos de sus miembros más destacados), Universal, Sony, Ministerio de Cultura y la SGAE (ambas españolas), Monsanto, etc. Varios de estos ataques han sido reivindicados por el grupo de ‘ciberactivistas’ Anonymous.

Los hechos comenzaron a sucederse tras las continuas protestas contra la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y la ley PIPA (Protect IP Act), con las que EEUU pretende blindar su proyecto contra la piratería en Internet y la protección de los derechos de autor. En cierta medida, la intención de poner en marcha ambas leyes, van más allá de una simple decisión gubernamental. Existe un trasfondo bastante complejo en el que concurren una amplia gama de intereses cocinándose en la trastienda entre los  conocidos lobbys o grupos de poder. Por un lado se encuentran las multinacionales del sector audiovisual que son perjudicadas por la proliferación de las descargas ilegales, mientras que en el lado opuesto está la industria informática que se beneficia del sistema actual. Al margen de esta lucha de intereses, también aparecen los usuarios habituales, Anonymous y otros hackers que mantienen otra batalla paralela con la justicia internacional para mantener la libertad de uso en la red de redes.

La guerra digital, como se le ha llamado, mantiene un duro pulso en sus diferentes vertientes y con el paso de los días se irán descubriendo sus consecuencias. Por el momento, a la espera de que el juez que instruye el caso tome una decisión al respecto, se habla de este martes o miércoles, la página web Megaupload sigue mostrando un cartel del FBI en el que se avisa acerca de su incautación y de los cargos por los que se acusa a sus directivos (Conspiracy to Commit Racketeering, Conspiracy to Commit Copyright Infringement, Conspiracy to Commit Money Laundering and Criminal Copyright Infringement). Por otro lado, Anonymous quiere fomentar un boicot a las principales empresas implicadas en esta controversia, al que ha llamado ‘Marzo Negro’. Conspiraciones o no, Internet se ha convertido en un ámbito donde confluyen multitud de intereses y, en situaciones como esta, acercan aún más un futuro donde las decisiones más trascendentales se tomen en un lugar intangible, la World Wide Web.